El PP pide a Gabilondo que suprima Educación para la Ciudadanía en primaria

El PP quiere un "cambio profundo" en la educación secundaria y para ello propone reducir un año de la ESO para ampliar el Bachillerato a tres años, con el fin de que los alumnos puedan alcanzar "un nivel formativo que garantice el acceso a niveles educativos superiores en condiciones adecuadas".

Para lograr ese objetivo, plantea que sólo se pueda pasar de curso con dos asignaturas suspensas y con un informe favorable del centro educativo. También pide restablecer la asignatura de Filosofía en su configuración clásica "despojándola del empobrecedor planteamiento que la concibe bajo el hilo conductor de la Educación para la Ciudadanía (EpC)".

Así se recoge en el documento 'Propuestas del PP para un pacto por la reforma y mejora de la educación en España' que el primer partido de la oposición va a enviar al ministro del ramo, Ángel Gabilondo. Los 'populares' consideran que hay que reforzar la estructura, los programas y la eficacia del aprendizaje en el Bachillerato. A su entender, en esta etapa formativa se ha producido un "empobrecimiento" debido a su escasa duración de dos años, la consiguiente rebaja en el nivel y riqueza de sus contenidos, y "una facilidad extrema en la promoción" .

En esta línea, defiende el "mantenimiento, con carácter general, de la imposibilidad de pasar de un curso al siguiente sin haber aprobado las correspondientes asignaturas, salvo dos como máximo, siempre que se cuente con un informe favorable del departamento correspondiente". Asimismo, contempla una orientación adecuada de las materias de carácter humanístico, evitando su actual empobrecimiento; el refuerzo de la motivación de los alumnos mediante el incentivo de la concesión de becas para el aprendizaje de idiomas en el extranjero; y acordar un "modelo de prueba final de Bachillerato y acceso a la Universidad análogo al de los principales sistemas educativos de la UE".

Asimismo, el PP quiere garantizar la formación básica común para todos los alumnos españoles, incluido el material didáctico; preservar el carácter nacional de los cuerpos docentes y garantizar el derecho a la enseñanza del castellano y en castellano en toda España.